Escuela Secundaria General "Justo Sierra"
Historia II Tercer Grado Grupo B
Ian Arturo Jesus Ibarra Napoles  
 Maestro: Ruben Jacobo Torres
 Aprendizaje Esperado: Reconoce las causas del descontento y proceso de la transicion politica en el Mexico actual



Durante los ultimos 30 años, diversos sectores de la sociedad mexicana, entre ellos indigenas, obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, han alzado sus voces y se han organizado para demandar cambios en la vida politica y social del pais.
Entre los mas importantes destacan:
° El movimiento de los damnificados para recibir nuevas viviendas dignas tras el terremoto de la ciudad de Mexico en 1985.
° Los movimientos estudiantiles de 1986 y 1999 en la UNAM
° Los movimientos de protesta por los supuestos fraudes electorales cometidos en 1986
°El levantamiento del EZLN apartir de 1994
°El movimiento por las paz con Justicia y Dignidad, que surgio en 2011.

TECNOCRATAS

Las crisis  economicas de las decadas de 1970 y 1980 acrecentaron la influencia de un naciente grupo de politicos dentro del gobierno  y del PRI: Los tecnocratas, llamados asi por sus conocimientos tecnicos. Estos politicos se consideraban diferentes a sus antiguos colegas, en cuanto a que daban gran importancia a sus conocimientos de la economia y la eficiencia forma de actuar.

El principal interés de los políticos mexicanos era instrumentar políticas que complacieran a los principales actores políticos de la área nacional, mientras que los tecnócratas eran independientes, no tenían las presiones políticas y por consiguiente sus decisiones se basaban en la teoría económica.

Puede ser que este haya sido el motivo del Segundo grupo de tecnócratas –los salinistas- de olvidarse totalmente de las reglas democráticas, olvidándose tanto del pueblo como de los principales actores políticos. Este grupo se formó durante los setenta y ochenta, en especial en la Universidad de Chicago, y recibieron una ideología monetarista. El primer gabinete tecnocrático según Babb fue el De la Madrid, sin embargo, este tenía más en común con el nacionalismo de López Portillo que con la tecnocracia salinistas. Ejemplo claro fue el temblor de 1985, donde el presidente Miguel de la Madrid dijo que la ayuda internacional no era necesaria, que México tenía suficientes recursos y corazón para enfrentar la crisis. También las reformas monetarias no fueron impulsadas por el gobierno, como argumenta Babb, sino más bien por el Departamento de Estado y el Fondo. Sin embargo, estas dos instituciones lograron colocar cada vez más tecnócratas monetaristas en el gobierno y seguramente influyeron en la toma de decisión presidencial de 1988 así como en el fraude electoral.
Es así como comenzó la “época tencocrática” en México. Salinas fue electo mediante un fraude electoral en 1988, con grandes intenciones de reformar el sistema económico. Aunque Salinas jamás tuvo mucho reconocimiento en México si lo tuvo en el extranjero. En 1990 Robert Bartely del Wall Street Journal calificaba al gabinete salinista como el mejor del mundo. (Babb 1998: 683) Los tecnócratas salinistas trataron de resolver los problemas del país mediante una revolución económica, dejando de lado la política y la estructura social. Esto se debió a la formación neoclásica de los funcionarios, en la cual se cree que con las medidas económicas correctas a largo plazo los mercados entran en equilibrio

 Esto provocó una entrada masiva de capitales, como los tecnócratas monetaristas habían esperado. El problema fue el axioma dominante de que el capital es homogéneo y no heterogéneo. Durante el sexenio entraron cantidades masivas de capital, lo que sobrevaluó el peso por un lado –haciendo que el consume de importaciones baratas se incrementara y las exportaciones se volvieran menos atractivas-, pero más importante no se invirtió en la formación de nuevas empresas sino únicamente en el Mercado secundario de la bolsa de valores, con lo cual no se incrementaba la productividad, sino que únicamente era rentista buscando las mejores rentabilidades del mundo. Los altos costos de capital para los empresarios nacionales evitó que se creara inversión interna, mientras que la pobreza tampoco dejó que los altos intereses formaran un ahorro interno considerable. En palabras de Miguel Ángel Centeno: “Lo que derrotó el salinato no fue la oposición de los que habían perdido más con la revolución tecnocrática, sino el pánico de los inversionistas extranjeros que Salinas había cortejado tanto. (1997:2) En 1992 el 72% de la inversión extranjera era bursátil. Esto generaba cada vez más problemas para el gobierno en mantener los capitales en el país, teniendo que incrementar las utilidades de las empresas reduciendo inversiones y salarios e incrementando las tasas de interés de los títulos de gobierno. El surgimiento del EZLN[1] y los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu crearon gran nerviosismo en los mercados bursátiles pero esto no fue la única causa de la crisis de diciembre de 1994. Las tasas de interés en EEUU comenzaron a incrementar, lo que hacía cada vez menos atractivo al país y el gobierno se vio obligado a incrementar el rendimiento de los Cetes, lo que llevó a una esquema Ponzi y a la crisis del 19 de diciembre.

lo largo de poco más de 30 años, el sistema normativo electoral federal mexicano ha tenido varias reformas, mismas que han obedecido a las transformaciones políticas de nuestro país. El documento que se presenta intenta responder a la pregunta: ¿cuál ha sido la evolución de las reformas electorales en México durante los últimos años? De esta forma se abordan algunas de las principales características de las reformas que van de 1977 hasta la más reciente de 2007-2008.

La ocurrida en 1977 tuvo un carácter único y es considerada el punto de partida de nuestra vida democrática, con un sello esencialmente incluyente de las fuerzas políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. A partir de ese año, la democratización fue impulsada por los actores políticos como un proceso de cambio centrado en el sistema electoral.

En 1986, la reforma incluyó modificaciones a seis artículos de la Constitución, así como la promulgación de una nueva ley electoral: el Código Federal Electoral (CFE). Se abolió el registro condicionado de partidos, una medida de control de su surgimiento.

Fue hasta 1990 que se expidió una nueva ley electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Entre otras características notables de esta reforma está la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que remplazó a la Comisión Federal Electoral que dependía directamente del Secretario de Gobernación. Desde el año de 1990 y hasta 2012, el IFE ha organizado ocho procesos electorales federales ordinarios.

En los años de 1993 y 1994 hubo dos reformas que se consideraron intermedias y cuyos temas principales fueron el nuevo financiamiento para los partidos, las nuevas reglas para reportar sus egresos, los gastos anuales y de campaña. Para 1994 en el Consejo General, los consejeros magistrados se sustituyeron por seis consejeros ciudadanos propietarios y sus suplentes, que durarían ocho años en el cargo, con la posibilidad de ser ratificados; y su designación estaría a cargo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con las de 1977 y 2007-2008, una de las reformas que más han estimulado la transformación del orden jurídico y el marco legal electoral mexicano ya que terminó con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales.

En el 2003 y 2005 se realizaron reformas intermedias que consistieron en establecer con mayor claridad los requisitos para integrar un partido o Agrupación Política Nacional (APN) y fue con la reforma de 2005, que se reconoció el derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República.

Por último es necesario hacer mención de la reforma de 2007-2008, conocida como de tercera generación debido a la gran cantidad de cambios estructurales que trajo consigo, entre otros los relacionados a la reducción de tiempos de campañas, al financiamiento de partidos políticos, a la responsabilidad compartida entre partidos y candidatos, y a la utilización y contratación de espacios en medios de comunicación. Asimismo, en materia de fiscalización, se reforzó la actuación del IFE a través de la creación de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

- See more at: http://pac.ife.org.mx/para_saber_mas_reformas_estructurales.html#sthash.gHpU6KK7.dpuf

A lo largo de poco más de 30 años, el sistema normativo electoral federal mexicano ha tenido varias reformas, mismas que han obedecido a las transformaciones políticas de nuestro país. El documento que se presenta intenta responder a la pregunta: ¿cuál ha sido la evolución de las reformas electorales en México durante los últimos años? De esta forma se abordan algunas de las principales características de las reformas que van de 1977 hasta la más reciente de 2007-2008.

La ocurrida en 1977 tuvo un carácter único y es considerada el punto de partida de nuestra vida democrática, con un sello esencialmente incluyente de las fuerzas políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. A partir de ese año, la democratización fue impulsada por los actores políticos como un proceso de cambio centrado en el sistema electoral.

En 1986, la reforma incluyó modificaciones a seis artículos de la Constitución, así como la promulgación de una nueva ley electoral: el Código Federal Electoral (CFE). Se abolió el registro condicionado de partidos, una medida de control de su surgimiento.

Fue hasta 1990 que se expidió una nueva ley electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Entre otras características notables de esta reforma está la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que remplazó a la Comisión Federal Electoral que dependía directamente del Secretario de Gobernación. Desde el año de 1990 y hasta 2012, el IFE ha organizado ocho procesos electorales federales ordinarios.

En los años de 1993 y 1994 hubo dos reformas que se consideraron intermedias y cuyos temas principales fueron el nuevo financiamiento para los partidos, las nuevas reglas para reportar sus egresos, los gastos anuales y de campaña. Para 1994 en el Consejo General, los consejeros magistrados se sustituyeron por seis consejeros ciudadanos propietarios y sus suplentes, que durarían ocho años en el cargo, con la posibilidad de ser ratificados; y su designación estaría a cargo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con las de 1977 y 2007-2008, una de las reformas que más han estimulado la transformación del orden jurídico y el marco legal electoral mexicano ya que terminó con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales.

En el 2003 y 2005 se realizaron reformas intermedias que consistieron en establecer con mayor claridad los requisitos para integrar un partido o Agrupación Política Nacional (APN) y fue con la reforma de 2005, que se reconoció el derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República.

Por último es necesario hacer mención de la reforma de 2007-2008, conocida como de tercera generación debido a la gran cantidad de cambios estructurales que trajo consigo, entre otros los relacionados a la reducción de tiempos de campañas, al financiamiento de partidos políticos, a la responsabilidad compartida entre partidos y candidatos, y a la utilización y contratación de espacios en medios de comunicación. Asimismo, en materia de fiscalización, se reforzó la actuación del IFE a través de la creación de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

En el siguiente cuadro se encuentran algunos de los principales aspectos de cada una de las reformas electorales:

Principales temas de la reformas
Reforma electoral 1977	Apertura de la competencia electoral. El 30 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) Se introduce por primera vez el concepto de representación proporcional al Poder Legislativo. Se asienta la obligación de mantener un número de afiliados para los partidos, ostentar el nombre, emblema y color registrado, cumplir con sus estatutos, editar una publicación periódica, realizar listas de candidatos plurinominales, entre otras. Se establecen además derechos para postular candidatos, nombrar a un representante ante las mesas directivas de casilla y ante la Comisión Federal Electoral, obtener financiamiento público, tiempos permanentes en radio y televisión, apoyos para tareas editoriales, entre otros. La Comisión Federal Electoral fungía como autoridad electoral y otorgaba el registro a los partidos políticos.
Reforma electoral 1986-1987	Surge la figura de las candidaturas comunes. En la Cámara de Diputados aumentó de 100 a 200 el número de legisladores plurinominales y así se estableció el número de 500 diputados que permanece hasta la actualidad. Por lo que hace a la Cámara de Senadores, se estableció que ésta se renovaría por mitad cada tres años, para elegir a un senador por entidad federativa que duraría seis años en el cargo. Se incorpora la llamada "cláusula de gobernabilidad", que garantizaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A la figura de la Comisión Federal Electoral (CFE), se le incorporó un representante del senado y otro de los diputados, mientras que el número de representantes partidistas, se hizo proporcional a la votación obtenida en la última elección. Se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), órgano autónomo de carácter administrativo, integrado por nueve magistrados nombrados por el Congreso de la Unión. El TRICOEL sólo funcionaba durante el proceso electoral y estaba a cargo de la resolución de los recursos de apelación y quejas.
Reforma electoral 1990	El cambio más importante introducido por la reforma electoral de 1990 fue, sin duda, la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó a la Comisión Federal Electoral, directamente dependiente del Secretario de Gobernación. Se realizó un nuevo Registro Federal de Electores y un formato nuevo de credencial para votar. Se creó el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) que cambió de ser un órgano administrativo a ser uno de carácter jurisdiccional.
Reformas electorales 1993 y 1994	En 1993 se prohibió el financiamiento proveniente de gobernantes, extranjeros, ministros de culto y empresas mercantiles. Se establecieron nuevas reglas para los partidos políticos como: la entrega de informes de ingresos y gastos anuales y de campaña. Para formar coaliciones, los partidos debían postular a los mismos candidatos en las elecciones de presidente, diputados y senadores y contar con una misma declaración de principios, programa de acción, estatutos, plataforma electoral y programa de gobierno o programa legislativo. Aumenta en el IFE de 6 a 9 el número de consejeros ciudadanos locales y distritales. El Tribunal Federal Electoral (TRIFE) se estableció como la máxima autoridad en materia electoral con facultades jurisdiccionales. En 1994 en el Consejo General del IFE, los consejeros magistrados se sustituyeron por seis consejeros ciudadanos propietarios y sus suplentes, quienes durarían ocho años en el cargo, con la posibilidad de ser ratificados; y su designación estaría a cargo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Observadores electorales visitantes extranjeros.
Reforma electoral 1996	Se establecieron nuevos requisitos para obtener el registro como partido. Se reforzó la equidad de las prerrogativas y los procedimientos para su control y vigilancia. Se reforzó la equidad de las prerrogativas y los procedimientos para su control y vigilancia. La asignación del financiamiento ordinario sería 30% de forma igualitaria a los partidos con representación en el Congreso y 70% de manera proporcional con la votación obtenida. Se reforzó la equidad de las prerrogativas y los procedimientos para su control y vigilancia. La asignación del financiamiento ordinario sería 30% de forma igualitaria a los partidos con representación en el Congreso y 70% de manera proporcional con la votación obtenida. En el Congreso de la Unión, se establecieron límites para evitar la sobrerrepresentación: cada partido contaría con un máximo de 300 diputados y el total de diputados de un partido no representaría un porcentaje del total de la Cámara, superior al 8% de su votación nacional. El número de Senadores permaneció en 128, dos electos por mayoría en cada Estado y en el Distrito Federal, y uno asignado a la primera minoría. Los 32 restantes serían elegidos por representación proporcional.
Reforma electoral 2002	Con esta reforma se procuró la equidad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales. Se estableció para los partidos políticos la obligación de promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión.
Reforma electoral 2003 y 2005	En 2003 se realizaron cambios en los requisitos para integrar un partido o Agrupación Política Nacional (APN). Para 2005, se reconoció el derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República.
Reforma electoral 2007-2008	Se abrogó el Cofipe aprobado en 1990. Esta reforma retomó las demandas de los actores políticos, destacándose las siguientes: Las reglas de acceso al sistema de partidos permiten a las organizaciones de ciudadanos obtener el registro, antes sólo podían solicitarlo las Agrupaciones Políticas Nacionales. Los partidos políticos tienen prohibida la afiliación corporativa y adquirieron obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. Para el caso de los partidos que pierden su registro se reguló la liquidación de los recursos y bienes que posean. La reforma incorporó la regulación de las precampañas, cuya duración no excederá 60 días en el año de la elección de Presidente de la República y el Congreso de la Unión. Mientras que cuando sólo se renueve la Cámara de Diputados, no superarán 40 días. Asimismo, el periodo de campañas electorales se redujo a 90 días en el año de elección Presidencial y 60 días cuando se renueve sólo la Cámara de Diputados. La difusión de la propaganda gubernamental se restringió, no podrá realizarse en periodo de campañas. El IFE se constituyó en la autoridad única a nivel federal y local encargada de distribuir y asignar los tiempos del Estado para fines electorales. Se creó la Contraloría General del IFE, encargada de realizar auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del IFE. En cuanto al conteo de votos, al “acta de la jornada electoral” se le agregó el nombre completo y firma autógrafa de los funcionarios de casilla y el número de boletas recibidas para cada elección. La credencial para votar también se perfeccionó, ahora cuenta con la Clave Única del Registro de Población (CURP), el año de emisión y el año en el que expira su vigencia, la cual es de 10 años. Se incorporó un Libro Séptimo al Cofipe, “De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno”, que incluye a los sujetos de responsabilidad, el tipo de infracciones que pueden cometer y procedimientos para: 1) faltas y sanciones administrativas por infracciones a la normatividad electoral, dentro y fuera de proceso electoral; 2) sobre financiamiento y gasto de partidos políticos y APN y 3) respecto de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del IFE. Respecto de las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), algunos asuntos competencia de su Sala Superior se desconcentraron en sus Salas Regionales que ahora funcionan permanentemente. Entre las atribuciones exclusivas de la Sala Superior están la declaración de nulidad de la elección presidencial y las de atracción y delegación de los juicios que conozcan las Salas Regionales con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia

- See more at: http://pac.ife.org.mx/para_saber_mas_reformas_estructurales.html#sthash.gHpU6KK7.dpuf